A partir de este lunes entra en vigencia la prohibición del uso de mercurio en la minería en Colombia, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1658 de 2013, con la cual el Gobierno Nacional asumió el reto de hacer la transición a la eliminación de este elemento en la minería de oro en 5 años, es decir, entre 2013 y 2018.
“Desde hoy los mineros con título minero y autorización ambiental deberán continuar sus actividades sin el uso de mercurio. Con esta medida se reducen las emisiones y liberaciones en el medioambiente, que son altamente contaminantes”, indicó el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo.
Asimismo, agregó que la contaminación con mercurio de la minería formal aurífera se reduce al dejar de usarse aproximadamente 95 toneladas de la sustancia que se importaban legalmente al país y que podrían ser usadas por la minería.
Esta decisión del Gobierno de Colombia es una de las pocas que se han tomado a nivel internacional, entre los más de 70 países en vía de desarrollo que tienen este tipo actividad con mercurio; incluso, con esta medida, el país supera las exigencias internacionales del Convenio de Minamata sobre Mercurio, que no estableció una fecha de erradicación del uso de este elemento en la minería a nivel mundial.
No obstante, el gobierno impulsó la minería de oro sin mercurio durante estos años y demostró que es posible realizar estas actividades utilizando tecnologías limpias, a través de concentración gravimétrica de minerales sin mercurio, que se desarrolla desde 2005 en zonas de los municipios Vetas y California, en Santander.
A estas medidas se le suman las oportunidades que le traerá a Colombia la ratificación del Convenio de Minamata, con lo cual se complementarán acciones que contribuirán a reducir, controlar y eliminar el uso de mercurio, sumar esfuerzos con apoyo financiero y técnico internacional, y a fortalecer el trabajo interinstitucional, en particular entre los Ministerios de Minas, Ambiente y Salud.
En cuanto al uso del mercurio en la industria, de acuerdo con la Ley 1658, el compromiso del país es eliminarlo en el año 2023. 