Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales de América Latina. Esa desigualdad se traduce en millones de personas que trabajan sin garantías, sin derechos reales y sin estabilidad laboral. Por eso, que el Senado haya hundido la consulta popular propuesta por el gobierno de Gustavo Petro, no solo representa un revés político, es un mensaje contundente. Quienes tienen el poder prefieren mantener las cosas como están, porque el statu quo pesa más que la dignidad de casi todo un país.
La reforma laboral no es perfecta, pero pone sobre la mesa preguntas urgentes que el poder lleva años evadiendo. ¿Por qué naturalizamos los contratos basura? ¿Esta bien qué trabajemos tanto para vivir tan poco? ¿Es normal que el empleo joven, femenino y popular sigue siendo sinónimo de precariedad? ¿Los derechos laborales se han convertido en un privilegio?
Al archivar la consulta popular, el Senado cerró la puerta a la posibilidad de humanizar el trabajo en Colombia. Y no solo se negó a discutir mejoras técnicas, sino que se ignoró deliberadamente a una fuerza laboral amplia, diversa y marginada. Campesinos, trabajadores informales, migrantes, jóvenes y creativos, no están representados por las élites económicas que negocian con miedo y sin empatía.
El discurso dominante fue el de “proteger el empleo” o advertir que la consulta costaría demasiado. Pero lo que realmente se protegió fue un modelo que permite seguir explotando a millones a bajo costo. Protegieron los márgenes de ganancia, no las historias de vida detrás de un delantal, un domiciliario o una oficina tercerizada que contrata a través de prestación de servicios. Se aplazó, otra vez, el país que merecemos.
En Colombia, según el DANE, el 57,2% de la población trabaja en la informalidad. Y aunque más del 57% de los ciudadanos respaldaba la convocatoria de la consulta popular, y cerca del 75% apoyaba su contenido, el Senado, alineado con partidos de derecha y centroderecha como el Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical, el Partido Liberal, La U, MIRA, Colombia Justa Libres y parte de la Alianza Verde, optó por hundirla. Le dieron la espalda a un país que clama por dignidad, justicia social y trabajo con derechos reales.
Esta decisión no solo perpetúa un modelo económico que históricamente ha precarizado al trabajador colombiano, también evidencia una complicidad política con las estructuras que se lucran de mantener a millones sin garantías laborales. La reforma laboral no fracasa por falta de ideas, sino por el exceso de poder de quienes se resisten a cambiar.
Un síntoma muy grave, los senadores que votaron en contra le hablaron más al capital que a la ciudadanía. Aplaudieron haberla hundido mientras las condiciones laborales del país siguen sin reflejarse en la mesa de millones de colombianos que trabajan sin protección, sin estabilidad y sin futuro.
Hundieron la reforma, sí. Pero no hundieron el deseo de cambio. Porque trabajar no puede seguir siendo una condena disfrazada de mérito. El destino de Colombia ya no está en sus manos, está en las manos de un pueblo que ha despertado.
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