Un análisis del vacío en las propuestas de los candidatos presidenciales de Colombia, para el sector cultural y la falta de política sólida.
Colombia habla de seguridad, economía y corrupción. Son los temas que dominan el debate público y marcan la agenda electoral. Pero hay un silencio incómodo: la cultura. No como espectáculo, no como evento, no como discurso simbólico, sino como política pública. Es decir, como un sistema con estructura, presupuesto y objetivos claros. Sin embargo, en la carrera presidencial hacia 2026, la cultura no está en disputa. Está fuera del debate.
El gobierno de Gustavo Petro ha dado un giro importante en lo simbólico. Ha puesto la cultura en el centro del discurso político, conectándola con la diversidad, los territorios y la memoria histórica. Ese cambio no es menor. Pero visibilizar no es lo mismo que estructurar. Colombia sí tiene política cultural en leyes, instituciones y planes. El problema es otro, que no funciona de forma sólida. La financiación es limitada, la articulación institucional es débil y las metas no siempre son medibles. Hay intención, pero no sistema.
En ese contexto, las propuestas de los posibles candidatos presidenciales evidencian el mismo vacío. Iván Cepeda representa una visión donde la cultura se conecta con la memoria, la paz y los derechos humanos. Es una mirada potente en lo simbólico y político, coherente con su trayectoria. Sin embargo, hasta ahora no se conoce una propuesta cultural estructurada que detalle cómo se financiaría, qué instituciones la ejecutarían o qué metas tendría. Hay narrativa, pero aún falta política pública.
En el caso de Paloma Valencia, ha circulado la idea de una posible fusión entre Educación, Cultura y Deporte. A primera vista, suena eficiente: integrar sectores, optimizar recursos, simplificar el Estado. Pero sin diseño institucional, una fusión puede ser más un riesgo que una solución. No está claro cómo funcionaría, qué pasaría con el presupuesto cultural ni qué entidades cambiarían. Fusionar sin objetivos definidos puede diluir áreas que ya son frágiles.
Por su parte, Abelardo de la Espriella plantea un modelo centrado en reducir el Estado y recortar el gasto público. En ese marco, la cultura no aparece como prioridad. No hay propuestas, ni líneas de acción claras. La lógica es que el mercado o el sector privado asuman ese rol. El problema es que, en contextos como el colombiano, eso puede profundizar la precariedad de quienes viven de la cultura y debilitar aún más su sostenibilidad.
Más allá de ideologías, hay preguntas que siguen sin respuesta, ¿cuál será el presupuesto para cultura entre 2026 y 2030? ¿Cómo se financiarán artistas y gestores? ¿Qué papel tendrán los medios públicos? ¿Cómo se integra la cultura en la economía digital? Sin estas respuestas, no hay política cultural sólida. Hay discurso, intención o silencio, pero no un plan real.
En 2026, la pregunta no es quién gana la presidencia. Es quién se atreve a gobernar la cultura en serio.