Estudiantes, docentes y personal administrativo de las Instituciones de Educación Superior (IES) Públicas y Privadas de Cali, marcharon este miércoles debido a la desfinanciación estatal de la educación pública superior.
Desde las siete y media de la mañana los marchantes se reunieniron en sus respectivas universidades para darle los últimos retoques a las pancartas y repasar los procedimientos de seguridad que deberían seguir y respetar durante el trayecto.
La Universidad Autónoma se tomó la vía Panamericana, la ICESI y la Javeriana se tomaron la avenida Cañasgordas para encontrarse con la Universidad del Valle en la cien con dieciséis.
Alrededor de las 9 AM, la marcha comenzó su desplazamiento en dirección a la plazoleta San Francisco; lenta, firme, pacífica pero estruendosa, iban hacía la Gobernación del Valle del Cauca. La policía y el tránsito acompañaron la marcha, abriendo paso a la masiva anguila eléctrica musical que exigía a viva voz, justicia por su educación.
¿Por qué marcharon?
Cifras
El viernes 5 de octubre, la Universidad del Valle entró en paro estudiantil respaldado por docentes y personal administrativo dada su inverosímil realidad financiera.
Los rectores de las 32 universidades públicas revelaron en un comunicado del Sistema Universitario Estatal (SUE) a la comunidad universitaria y la opinión pública, que el estado le debe a las IES 3.2 billones de pesos para funcionamiento y 15 billones para inversión.
Por otra parte, los estudiantes marcharon porque la inversión en ciencia y tecnología podría tildarse de irrisoria, pues COLCIENCIAS reporta su presupuesto en $337.600 millones de pesos para el 2018, es decir $42.731 millones menos que en el 2017.
No obstante, para el 2019, según el proyecto de ley 059 del Congreso de la República que establece el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2019, COLCIENCIAS tendrá $123.000 millones de pesos.
Esta desfinanciación se evidencia en dos frentes fundamentalmente. El primero es visible en la parte de investigación, pues la planta docente de las IES está conformada por 69.514 docentes (MEN-SNIES 2016) de los cuales el 47,12% es hora cátedra mientras que el restante 52,88% es nombrado.
¿Cómo afecta esto?
El docente hora cátedra sólo recibe salario por la hora de clase dictada, no recibe ingresos por preparación, calificación, reuniones y mucho menos por investigación, a menos que tenga un contrato de servicios para investigación.
De modo que la carga investigativa recae sobre los docentes titulares, quienes no sólo dan clases, sino que deben cumplir con procesos administrativos, de coordinación, extensión e investigación. En pocas palabras, el incentivo para investigar es nulo, ya que significa por un
lado una carga sin remuneración y por el otro una sobrecarga.
El segundo frente de desfinanciación de COLCIENCIAS, se hace evidente en las plataformas de divulgación científica y humanística; las revistas indexadas. Estas revistas tienen la función de divulgar los resultados de investigación académicos y operan con base en un sistema de categoría que corresponde a un puntaje.
Por ejemplo, A1 es la categoría más alta y por publicación otorga al docente 15 puntos salariales, mientras que una revista C otorga 3 puntos. Actualmente, tan sólo hay una revista A1 y la C es poco atractiva para publicar, pues tan sólo otorga tres puntos por un trabajo que puede significar dos o tres años de investigación.
Y por ultimo, otro motivo que llevó a la comunidad universitaria a marchar, fue debido a la reforma tributaria del presidente Iván Duque, propuesta por el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, pues lamentablemente la política de estado mina los bolsillos de los docentes que devenguen un poco más de dos salarios mínimos, pues a partir de un millón ochocientos mil pesos, el ciudadano deberá declarar renta.
¿Por qué esto es un problema?
Porque cualquier individuo perteneciente a la universidad debe tener como mínimo un título profesional (pregrado), y el promedio salarial de un profesional recién graduado es de un millón ochocientos.
Para añadirle complejidad al panorama, los docentes no sólo tienen título de pregrado sino que la gran mayoría tiene maestría, doctorado y hasta post-doctorados.
Es claro que dichos docentes reciben más dinero por su tiempo, algo que es justo debido a la inversión que han hecho para educarse que, en algunos casos, aún está siendo saldada.
Según el profesor de constitución de la Universidad del Valle, a quien por cuestiones de seguridad no revelaré su nombre, dijo que ahora los profesores estaban pagando seis y siete millones de pesos en impuestos, los jefes de departamento quince millones, los decanos veinte y treinta y el rector hasta cien.
Y por si fuera poco, no sólo se gravará el salario a partir del millón ochocientos, sino que también se gravarán cesantías y las pensiones superiores a $4.4 millones de pesos.
Por último, el programa Ser Pilo Paga, creado por la ex-ministra de educación Gina Parody y el ex-presidente Juan Manuel Santos, representa un desvío del fondo estatal para la educación pública hacia las instituciones privadas.
Lamentablemente, 80% de los pilos decidieron estudiar en universidades privadas a las que de otro modo no tendrían acceso. Esto significa que de los $3.5 billones que cuesta financiar el programa, $2.8 se van para instituciones privadas mientras que $0.7 llegan a las instituciones públicas.
Sin embrago, el problema no termina ahí, ya que es vital comparar la financiación de los pilos con la financiación de los estudiantes de régimen común para comprender el panorama de la inequitativa distribución del presupuesto.
$3.5 billones de pesos financian 40.000 pilos mientras que $2.93 billones financian 611.800 estudiantes de régimen común. Esto quiere decir que por cada pilo podrían estudiar 18,3 estudiantes de régimen común.
El plan de ampliación de cobertura del programa Ser Pilo Paga falló, pues tan sólo aumentó en 1,97%, mientras dejó por fuera a un potencial de 732.000 estudiantes que podrían estudiar con el dinero de los 40.000.
La Marcha
Aproximadamente 40.000 estudiantes, profesores, administrativos, familiares, amigos y gente del común se tomaron la calle quinta formando una boa constrictor de casi tres kilómetros.
Los rostros de los estudiantes ardían por el sol de la 1:30 PM, hora aproximada de llegada a la plazoleta de la gobernación. Aunque exhaustos, su ímpetu estaba enardecido por la esperanza de que con sus pasos hicieran entrar en razón al gobierno.
Simultáneamente, alrededor de 500.000 personas marcharon en Pereira, Florencia, Bogotá, Medellín, Quibdó, Santa Marta, Popayán, Bucaramanga, Tunja, Montería, Barranquilla, Santander de Quilichao, Cúcuta y Armenia (El Espectador).
Una vez en la plazoleta, comenzaron las intervenciones artísticas: declamaciones, flash mobs, oración del cura-estudiante por la educación pública, recordatorios de los estudiantes muertos por la fuerza pública en manifestaciones similares, el entierro de la educación pública y hip hop.
El paro continúa
Actualmente las universidades continúan en paro estudiantil y no se levantará hasta que el gobierno cumpla las exigencias: aumentar el presupuesto a $4.5 billones de pesos para la educación superior, replantear el direccionamiento del dinero estatal del programa Ser Pilo Paga hacia las universidades públicas, aumentar el presupuesto de COLCIENCIAS a $700.000 millones y reconsiderar la reforma tributaria que condona a las grandes empresas mientras desfonda los bolsillos de la clase media y trabajadora.
El 22 de octubre se aprueba el PGN para el 2019, y ahí se revelará la realidad presupuestaria para la educación. De no cumplir el gobierno, el estudiantado afirmó que convocarían un paro cívico nacional.
Coda para masticar
Con que la industria minero-petrolera pusiera $5 billones de los $70 billones que les eximen, se financiaría la Educación Pública Superior a nivel nacional y se podría garantizar los estándares de calidad que el gobierno exige con la financiación actual. Así como el gobierno exige calidad, debe proveer los medios necesarios para cumplirla. 
Escrito por: Felipe Robayo Chacón