Una década llevan pidiendo los sectores más vulnerables de lesbianas, bisexuales y trans en Colombia, la creación de una política pública LGBT.
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En 2011, a Pamela*, una mujer trans, le negaron la entrada a un bar debido a su identidad de género. Tras varios meses, su caso llegó a la Corte Constitucional, que aprovechó esta oportunidad para exhortar al Ministerio del Interior a generar una política pública nacional LGBT, la cual debía servir como hoja de ruta para superar las diferentes barreras históricas que sufren lesbianas, gays, bisexuales y personas trans al momento de acceder a sus derechos; pues, como el caso de Pamela, existen el de muchas mujeres trans, niños, jóvenes, adolescentes, entre otras personas víctimas de graves hechos de discriminación.
No obstante, tuvieron que pasar más de cuatro años para que el Gobierno de Juan Manuel Santos empezara a formular dicha política, las acciones, los ejes temáticos y la forma en la que se iba ejecutar.
Durante 2015 dicho proyecto iba por buen camino, hasta que un año después, en 2016, las presiones de grupos conservadores y evangélicos llevaron a que el Ministerio del Interior diera un paso atrás y redujera el alcance de la política.
Dicha situación y la falta de concertación retrasó otros dos años este proceso. En mayo de 2018, el Gobierno nacional tuvo que expedir un decreto (Decreto 762 de 2018 ) para oficializar la política pública nacional LGBT y dar vía libre a su implementación en el territorio nacional. Sin embargo, la llegada de un nuevo gobierno con poca voluntad política para asuntos de diversidad sexual y de género llevó a que la puesta en marcha de este instrumento quedara pausada y que el silencio se convirtiera en protagonista.
En 2019, tras otro año de incertidumbre y ante la presión de la sociedad civil, el Ministerio del Interior realizó una declaración pública en la que aseguraba que ya estaba comenzando la ejecución de la política pública LGBT, sin embargo, la falta de transparencia en este proceso, entre otros factores, llevó a que activistas, dentro ellos/as Laura Weinstein, directora del GAAT, presentaran una tutela ante un juez pidiendo que el Ministerio del Interior materializara lo que estaba en el papel.
Ante las múltiples dilaciones, Mauricio Toro y Jorge Alberto Gómez, representantes a la cámara por Bogotá y Antioquia respectivamente, decidieron realizar una audiencia en el Congreso para conocer el estado de la política pública LGBT, la opinión de activistas y organizaciones de la sociedad civil, y evaluar la posibilidad de realizar una audiencia de control político al Ministerio del Interior.
“Si no existe un lineamiento claro del Gobierno nacional, transversal a todas las entidades del mismo orden, no va a ser posible tener un plan de acción y una política pública LGBT; aún más cuando esta se enmarca dentro del sistema nacional de derechos humanos, en donde la Consejería Presidencial de Derechos Humanos ejerce un liderazgo”, aseguró Juan Felipe Rivera, coordinador del área de Litigio de Colombia Diversa, durante la audiencia.
Tras más de 10 intervenciones de activistas y organizaciones de derechos humanos, el Ministerio del Interior aseguró que establecerá un mecanismo para garantizar la participación de la sociedad civil.
Por su parte, los representantes Mauricio Toro y Alberto Gómez seguirán evaluando diferentes opciones para que el plan de acción de la política pública nacional LGBT sea un trabajo conjunto entre las entidades públicas competentes y la sociedad civil.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos siguen y seguirán documentando hechos de violencia y discriminación que, aseguran, solo se combaten con transformaciones estructurales que parten de acciones como la creación de la política pública que por casi una década llevan pidiendo los sectores más vulnerables de lesbianas, bisexuales y trans en Colombia. 
Fuente | Colombia Diversa.