La Contraloría General de la República cuestionó el uso que se le está dando a los recursos recaudados por los dos últimos impuestos creados por el estado colombiano en materia ambiental: el impuesto nacional al carbono y el impuesto al consumo de bolsas plásticas.
En Colombia el impuesto al carbono está dirigido a la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero producidas por el consumo de combustibles fósiles y se refleja como un valor adicional en el precio de los combustibles.
Por otro lado, el impuesto al consumo de bolsas plásticas, se genera por cada bolsa que es entregada a los consumidores y tiene por objeto desincentivar su uso.
Actualmente con la denominada “Ley de páramos” (Ley 1930 de 2018), los dineros recaudados por el impuesto al carbono se dirigen al Fondo Colombia en Paz, y son presupuestados en la sección del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
No obstante, sólo el 30% se destina a temas medioambientales, mientras que el 70% se destina a la implementación del Acuerdo Final suscrito entre el Gobierno Nacional y las extintas FARC-EP.
En cuanto al Impuesto al Consumo de Bolsas Plásticas, los recursos recaudados no tienen una destinación específica. Van a la bolsa común del tesoro nacional y la Contraloría considera que una parte puede orientarse a temas de protección del ambiente.
Aunque reconocen la relevancia del cumplimiento de los acuerdos y la construcción del posconflicto, la Contraloría hizo un llamado al Gobierno Nacional, para asegurar que los recursos de los impuestos ambientales sean direccionados al sector medio ambiental.
Cabe decir que de acuerdo con la DIAN, a finales de 2018 el recaudo por el impuesto al carbono superaba los $294 mil millones de pesos y el recaudo al impuesto de bolsas plásticas, los $14.510 millones de pesos.
La Contraloría también evaluó la gestión y los resultados obtenidos con los incentivos tributarios para el medio ambiente y determinó que existe un alto grado de incertidumbre sobre su efectividad.
Actualmente el Estado no cuenta con adecuados sistemas de control y verificación que permitan valorar si los beneficios tributarios otorgados corresponden con los resultados ambientales esperados.
Para concluir, la Contraloría se mostró de acuerdo con las recomendaciones de la OCDE y otros estudios sobre la necesidad de revisar los tratamientos fiscales preferenciales a fin de eliminarlos o ajustarlos de acuerdo con los fines para los que fueron creados. 